La Ley de Costas tiene más de 20 años de vigencia, pero fue durante la gestión de Cristina Narvona cuando por primera vez en todo este tiempo se comenzó a aplicar realmente, lo que permitió la recuperación del dominio público marítimo terrestre y la lucha contra la especulación indiscriminada en nuestras costas.

Ahora, de una forma un tanto "escondida", ya que la reforma de la ley no pasará por el Pleno de Congreso, el Gobierno se propone una reforma de la Ley de Costas. Parece que no les importa saltarse ni los logros conseguidos con anterioridad, ni tampoco su programa político.

Esta reforma se realizará a través de la Ley de Navegación Marítima (ley de otro ministerio y que encima no tiene relación con el litoral) en la que entre otras disposiciones se establece que "las concesiones (a las viviendas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988) serán transmisibles, previa autorización de Costas, por actos inter vivos, subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión". Es decir, las concesiones no sólo se pueden heredar, sino que con esta nueva reforma se podrán vender y comprar, lo que dificultará aun más la recuperación del dominio público al permitir que las viviendas revaloricen y se haga más costosa su recuperación por parte del Estado.

Era lo que nos faltaba, como no están suficientemente azotadas nuestras costas de casos de privatización de extensiones de mar y costa, pues ahora se "juega" con los logros que se habían conseguido hasta ahora con la aplicación de la ley y se facilita la especulación.

¿Y que sentido tiene esta ley? pues ninguno , porque ni esta justificado, ni tampoco responde interés general. Tan solo al interés de aquellos que ven un negocio en la destrucción de nuestro litoral y costas, las cuales son un patrimonio de todos.