Mañana del 9 de Noviembre, la Policía Local obliga a salir del agua a todos los surfistas de la Playa de Poniente, (Benidorm) con la simple excusa de que "está prohibida la navegación en la playa con embarcaciones rígidas".

Parece que resurgen los viejos fantasmas de la prohibición de surfear, circunstancias de las tristemente parece que nos se salva nadie. Algunos recordamos las multas del pasado invierno en la Barceloneta o las prohibiciones en Tapia el pasado verano. En la mayoría de casos estas actuaciones se producen como consecuencia de la aplicación de ordenanzas relativas a otros ámbitos y que poco tienen que ver con la practica del surf, lo las hace más arbitrarias.

El pasado verano se logró el compromiso de los municipios de El Campello y Alicante del respeto y la protección del surf como deporte pero a pesar de ello, los hechos del pasado martes nos recuerdan que aun queda mucho por conseguir para lograr evitar que se nos saque del agua. La solución probablemente pase por instaurar el debate y dar más a conocer el surf en nuestra sociedad, porque acciones de este tipo no son más que producto de un completo desconocimiento de este deporte.

Como consecuencia del aumento del número de consultas al dereclamaciones, ayer presentaba Confederación de consumidores y usuarios (CECU) una campaña en la que invita a todos los consumidores a hacer uso de ese derecho.

Los sectores que más descontento levantan son las telecomunicaciones (14,4%), seguidas por la vivienda (8,6%) y finalmente, la energía y los transportes (alrededor del 5%).

El año pasado se presentaron en España un total de 1.400.000 consultas y reclamaciones, pero sólo el 18,8 % correspondían a reclamaciones, un dato muy inferior al que registraba en otros años. Las causas del descenso de los datos no son siempre corresponden a la mayor satisfacción de los consumidores sino la ignorancia de sus derechos o el pensamiento de que la reclamación y el tiempo invertido en ella no tendrá demasiadas consecuencias, cuando en realidad el 60% de las reclamaciones salen adelante.

Por ello la importancia de seguir reclamando nuestros derechos como consumidores. Hoy precisamente me enteraba de las consecuencias que tendrían mi reclamación formulada a la compañía de autobuses Bilman Bus S.L que nos transportó hace unas semanas en el trayecto de ida y vuelta a Bilbao. Los perjuicios producidos por la falta de exposición en público de precios, las arbitrariedades del sobrecargo por la facturación de bultos y comportamiento fuera de lugar de una de sus empleadas tendrá como consecuencia una sanción de 600 a 3000 €. Puedo decir por tanto que reclamar un adecuado tratamiento que no sitúe al consumidor en una circunstancia de desprotección sí merece la pena.